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La justicia no es igual para todos

POR ALBERTO IBARROLA OYÓN

Europa atraviesa un cambio de ciclo histórico. Las diferencias antes palpables con EEUU se diluyen en la uniformidad occidental comandada por los avaros mercados y la especulación financiera. Y esa uniformización de los derechos sociales con los del principal exponente del capitalismo en el mundo afecta también a la Justicia, puesto que la pertenencia del acusado a una determinada clase social constituye ya en la UE el principal factor al dictar una sentencia, de modo que los desamparados por el sistema, muchas veces impelidos a delinquir por la pobreza extrema y la injusticia social, pueden ir a prisión y cumplir largas condenas por hurtos de poca monta, por pequeñas estafas, por delitos menores, en tanto que si el inculpado pertenece a una clase privilegiada, gozará de un trato mucho más benévolo. En el Estado español, quien no tiene para pagarse un abogado reputado, salvo que el juez a título individual esté dotado de esa sensibilidad especial, no tendrá derecho a una defensa con garantías. Además, intelectuales, artistas, periodistas, fiscales, jueces y políticos sufren a diario el acoso y la presión por parte de los poderes fácticos y de sus medios de comunicación afines para que no se enfrenten a personas poderosas y garantes del Régimen del 78, como lo puedan ser los miembros de la familia real. La Ley Mordaza limita el ejercicio de la crítica cercenando el espíritu democrático con que se redactó el art. 20 de la CE.

Estaba en el guion que la infanta saldría absuelta y que se formularía un veredicto por el que Urdangarin pudiese eludir la prisión. No obstante, la abogada de la acusación popular ha sido acusada de graves delitos y da la impresión de que la temeridad de enfrentarse a la institución monárquica le está pasando factura. Lo mismo podría decirse del juez Castro, quien se ha visto sometido a enormes presiones por haber imputado a la infanta. Por otro lado, su abogado defensor, Miquel Roca, antiguo político nacionalista catalán, es nada más y nada menos que padre de la Constitución de 1978. Y, sin embargo, el machismo de la argumentación con que se la absuelve resulta patente, tanto como inverosímil su ignorancia sobre la actividad de su marido, principalmente por dos razones evidentes: primero, porque en su etapa como universitaria superó con éxito estudios superiores y, segundo, porque lejos de ser una mujer florero, desarrolla una próspera carrera profesional en una entidad bancaria muy relevante, ocupando cargos de gran responsabilidad, lo que exige una capacidad contrastada, una habilidad innata y un conocimiento de las finanzas del que le resultaría casi imposible abstraerse al pensar en los muy lucrativos negocios de su marido, quien ha cursado niveles académicos inferiores a los de ella. Todo esto en el contexto de que era copropietaria, socia y beneficiaria de la empresa Aizoon.

Así, pues, con la resolución del juicio a la infanta y a Urdangarin se constata que las palabras del rey emérito: “La justicia es igual para todos”, no son verdad, ya que la alcurnia y el abolengo aristocráticos han condicionado que estas dos personas, que se han enriquecido ilegítimamente utilizando su parentesco con el jefe del Estado, no hayan sido condenadas a penas mayores. Sin que sienta disgusto o enojo porque hayan esquivado la cárcel (me parecería más importante que devolviesen el dinero), querría señalar la diferencia de trato con respecto a otros ciudadanos, por ejemplo, los jóvenes alsasuarras. Por lo tanto, a no ser que se produzca un vuelco político, deberemos acostumbrarnos a esta democracia nominal pero no auténtica, y a que la igualdad, uno de los cuatro valores superiores que la Constitución establece para su ordenamiento jurídico, junto a la libertad, la justicia y el pluralismo político, si bien queda muy bonita en el papel, ni se cumple, ni existe la voluntad de que se cumpla.

El autor es escritor

www.noticiasdenavarra.com

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