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Catalunya llamada a entenderse

POR ALBERTO IBARROLA OYÓN – Domingo, 25 de Octubre de 2015 –

En Catalunya, Euskal Herria y Galicia, existe un hecho diferencial que la Ley Suprema del Estado debería recoger y amparar. Las nacionalidades históricas precisan de una nueva realidad institucional que les otorgue una voz propia en la Unión Europea, de un reconocimiento de su singularidad intrínseca respecto a otras comunidades más uniformes desde el punto de vista de la cultura hispana, de su historia y de sus sentimientos hacia el propio concepto de España. Y esta circunstancia especial, que responde a hechos culturales, lingüísticos, sociales e históricos, debería propiciar que en una nueva Constitución o en una reforma en profundidad de la vigente se incorporase el derecho de autodeterminación para las comunidades mencionadas, lo que se ha venido a denominar derecho a decidir, dejando a un lado el nefasto café para todos que se aplicó durante la Transición y que ha generado muchos de los problemas que ahora afloran con mayor virulencia. Algunos partidos de izquierda se olvidan de que la defensa de este principio profundamente democrático está en su genética y su razón de ser, que forma parte de su bagaje ideológico más genuino. En este sentido, me parece indispensable que los partidos progresistas españoles defiendan la celebración de un referéndum en Cataluña que permita expresar libre y claramente su voluntad a la sociedad catalana, lo mismo que en las otras nacionalidades históricas si lo demanda una mayoría social. El PSOE hace tiempo que renunció a muchos de los postulados de la izquierda real, pero los demás partidos no pueden seguir su estela de abandono de su propia ideología y de la de sus bases.

De celebrarse un referéndum de autodeterminación, una posible independencia dependería en todo caso de la voluntad mayoritaria expresada inequívocamente por el conjunto de la ciudadanía catalana. El ejercicio del derecho a decidir no puede convertirse en una antidemocrática imposición de la mitad de la población sobre la otra mitad, sino que debe responder a una mayoría, no clara, sino indiscutible, incuestionable. La secesión de una parte del Estado no es un asunto baladí que lo pueda decidir un cincuenta por ciento más uno que varíe en uno u otro sentido dependiendo de las circunstancias coyunturales, sino que debe responder a un clamor popular, a una voluntad unidireccional de una sociedad con un destino conjunto y unívoco. Lo contrario llevaría a una confrontación civil de incalculables consecuencias.

La victoria relativa obtenida por las agrupaciones electorales netamente independentistas (el desmarque de Unió Democràtica de Catalunya del proceso soberanista ha repercutido en un descenso del voto a Junts pel Sí) en las elecciones autonómicas catalanas responde a una amplia demanda de un cambio profundo en las relaciones de Catalunya con el Estado español que éste deberá atender y que sin duda lo hará cuando el Gobierno de Rajoy salga de la escena gubernamental tras las próximas elecciones generales. En cualquier caso, la superposición arbitraria de la voluntad de los no nacionalistas y de los nacionalistas españoles sobre los nacionalistas catalanes no parece en absoluto deseable, pero es lo que pretende el Estado al judicializar el proceso soberanista y al enjuiciar a las personalidades políticas que lo han promovido, quienes no dejan de ser representantes de la ciudadanía. El Gobierno del PP, con el apoyo fiel y el seguidismo de la judicatura, no está trabajando por una convivencia pacífica, tal vez sí por una pax romana; preocupan sus amenazas de utilizar recursos extremos para frenar el proceso soberanista como la aplicación del Artículo 155 de la Constitución o la movilización del ejército. Con esta actitud solo consigue alimentar el independentismo y crispar aún más a una sociedad catalana que necesita un mayor entendimiento entre sus diferentes sectores y entre estos con el Estado.

El autor es escritor

www.noticiasdenavarra.com

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