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PRESUPUESTO LIMITADO

El Gobierno del cambio se enfrenta al apasionante reto de combinar la erradicación de la pobreza y la garantía de los derechos sociales con el crecimiento y la creación de empleo. La lucha contra la injusticia social constituye, sin duda, una prioridad para cualquier gobierno honesto que mire por el interés general. El desempleo, la explotación laboral, unos sueldos desproporcionadamente bajos, el hecho insólito de una constatada desnutrición infantil, la migración irregular, los desahucios de primeras viviendas, el fenómeno de la mendicidad y la exclusión social son problemas que ningún gobernante con un compromiso claro con la justicia social, el humanismo y los Derechos Humanos puede obviar. El austericidio impuesto desde las instituciones europeas, y acatado dócil y gustosamente por el Gobierno español, contiene una enorme carga de injusticia. Su única coartada posible se encuentra en el desaforado gasto público que protagonizó la misma clase política que, luego, reformó el art. 135 de la Constitución de 1978, por el que se conmina a priorizar el pago del mismo déficit público que ellos generaron. De modo muy injusto, las clases populares estamos pagando su juerga y su delirio mientras una élite exclusiva continúa enriqueciéndose sin medida.

Los gobernantes del bipartidismo han dilapidado los recursos públicos, han menguado mucho la capacidad de gasto actual y esto condiciona la política social. El dinero gestionado por la Administración responderá en todo caso a la riqueza y prosperidad reales de la sociedad. El déficit público, lo mismo que el endeudamiento privado, no es un problema baladí que nos deba ser indiferente. Si el Gobierno del cambio quiere perdurar y continuar su gestión no solo una legislatura, sino toda una era política, un auténtico periodo histórico que incluso vaya más allá de los líderes o lideresas actuales, sus gobernantes políticos y técnicos gestores deberán elaborar presupuestos razonables, sensatos y realistas. Pretender que las arcas públicas son un pozo sin fondo o que sus recursos son ilimitados supone una peligrosa quimera cuyas consecuencias nefastas pueden dar al traste con todas las buenas intenciones de quienes luchan en post de la igualdad social, principio político irrenunciable, pero que ha de responder a un patrón lógico y realista, impregnado con el aporte intelectual de las principales teorías económicas avaladas por la experiencia política y de gestión. En este sentido, cabe augurar que las próximas reformas fiscales guardarán un estudiado equilibrio entre la deseable igualdad, la lucha contra la corrupción y la creación de empleo. No conviene considerar a las empresas ni a los empresarios como enemigos de la sociedad, sobre todo si cumplen con sus obligaciones, no solo tributarias sino sociales. A los que no lo hacen, habrá que exigirles, de acuerdo a las leyes, una mayor responsabilidad y compromiso social, lo mismo que al resto de la ciudadanía, en proporción a su renta e ingresos reales.

Paradójicamente, el gasto público ha estado dedicado en su mayoría a satisfacer las ansias de grandeza de políticos corruptos. Las obras públicas concebidas con el único propósito de generar adjudicaciones a dedo y las consiguientes comisiones ilegales han diezmado las arcas públicas, a lo que se ha sumado una corrupción estructural en algunos partidos políticos. Han sido precisamente los políticos del régimen los que han derrochado el dinero de toda la ciudadanía. Y ese despilfarro no ha tenido como objetivo combatir las injusticias sociales o crear una sociedad más igualitaria, sino que ha servido para que una élite financiera y política se haya apoderado del capital financiero, la desigualdad social aumente sin cesar, y la pobreza se haya instalado con fuerza y riesgo de cronicidad en amplias capas y sectores sociales.

POR ALBERTO IBARROLA OYÓN – Viernes, 7 de Agosto de 2015 – El autor es escritor

www.noticiasnavarra.com

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